PREOCUPACIÓN ENTRE LOS CIENTÍFICOS ESPAÑOLES
La comunidad científica analiza:
la inversión en ciencia prevista en los Presupuestos Generales del Estado;
y el anteproyecto de Ley de Ciencia y Tecnología
- Crecimiento casi nulo de los recursos destinados a financiar la investigación científica y tecnológica, un 2,5% frente al 16% previsto en el VI Plan Nacional de I+D+i (2008-2011)
- Uso significativo de anticipos reembolsables que se incrementan un 5,7%, frente a las subvenciones que se reducen un 1,5%
- Los fondos para convocatorias públicas se reducen un 17%
- Los recursos humanos y la coordinación general concentran las principales carencias de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología
Madrid, 7 de mayo de 2009
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), entidad que reúne a más de 60 sociedades científicas y agrupa a más de 30.000 científicos españoles, ha hecho públicos hoy dos informes en los que analiza los recursos destinados a la investigación científica en los Presupuestos Generales del Estado de 2009 y el Anteproyecto de Ley de Ciencia y Tecnología, instrumentos clave para el desarrollo de una política científica de largo alcance.
Joan J. Guinovart, presidente de la COSCE, ha comentado: «La forma restrictiva en que se abordan las inversiones en I+D+i, unida a importantes deficiencias en las políticas de coordinación, RRHH y en la gobernanza del sistema, nos lleva a pensar que nuestro sistema de ciencia y tecnología se verá afectado por una considerable pérdida de competitividad».
En relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el informe de la COSCE pone de manifiesto que el Gobierno tiene previsto destinar 9.673,04 millones de euros a investigación científica y tecnológica en 2009, lo que supone un incremento frente a 2008 del 2,5% en términos corrientes; es decir, sin corregir por la inflación. Si se efectúa esa corrección el crecimiento es prácticamente nulo y se aleja enormemente del incremento anual de recursos del 16%, previsto en el VI Plan Nacional de I+D+i (2008-2011).
Los programas a la cabeza en la asignación de recursos continúan siendo los relativos a Tecnología Industrial, con una inversión de 2.678.571 euros y un crecimiento del 4,88% con respecto a 2008. Las inversiones en Telecomunicaciones, por valor de 1.102.920 euros, son las que más han crecido en 2009 con respecto al año anterior, un 37,79%. La mayor reducción presupuestaria la experimentan los programas relacionados con la Sociedad de la Información, que recibirán casi un 50% menos que en 2008.
José de Nó, Investigador del CSIC y miembro de la Comisión COSCE de Estudio de los PGE, ha afirmado: «Este “no incremento” es preocupante porque puede suponer el incumplimiento de los planes y compromisos de inversión del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 y limitar la actividad investigadora, uno de los pilares básicos para superar la crisis actual».
Por segundo año consecutivo aumenta el peso de las operaciones financieras (anticipos reembolsables) en la financiación de la I+D+i, incluso para entidades públicas. Dichos anticipos, por valor de 5.497 millones de euros, crecerán el 5,7% en 2009 frente a 2008; en contraposición con esto, los capítulos no financieros (subvenciones) se reducirán el 1,5%, con una inversión total de 4.175 millones de euros. Aunque los fondos estructurales de la UE no forman parte de los PGE, estos recursos se suman a los de los PGE en convocatorias públicas de proyectos de investigación, de infraestructuras científicas o de RRHH. Se ha convertido en práctica habitual que el Estado adelante como crédito las cantidades que Europa aporta una vez finalizados y certificados los proyectos.
Del análisis comparativo de algunas partidas de los PGE, significativas para el funcionamiento del sistema de ciencia y tecnología, se desprende que: los presupuestos de los Organismos Públicos de Investigación ascienden a 1.491 millones de euros, lo que supone un 0,9% más con respecto a 2008, incremento testimonial al quedar por debajo del de la inflación; así mismo, los fondos para Convocatorias Públicas en 2009 se reducen hasta los 4.687 millones de euros, un 17,1% menos que en 2008. De ellos, el 53,5% serán anticipos reembolsables y el 46,5%, subvenciones.
Por otra parte, el análisis desarrollado por la COSCE del Anteproyecto de Ley de Ciencia y Tecnología concluye que la Ley aporta soluciones innovadoras, pero tiene una serie de carencias de fondo que podrían hacerla poco operativa. Estos problemas están relacionados con la coordinación general y con los RRHH.
De acuerdo con Juan Luis Vázquez, presidente de la Comisión de Estudio de la COSCE: «No hay dudas sobre el papel que la I+D+i debe desempeñar en el desarrollo de la economía. Por ello, los científicos pedimos compromiso a la Administración para crear una Ley de la Ciencia adecuada a los retos actuales, capaz de impulsar la sociedad del conocimiento y a la investigación del máximo nivel de calidad, como corresponde al actual estadio del desarrollo de la Ciencia en España».
La Ley 13/1986 sentó las bases para nuestro desarrollo científico y tecnológico; sin embargo, el posterior aumento de las competencias de las Comunidades Autónomas (a través de sus Estatutos de Autonomía) en materia de investigación científica, ha creado numerosos problemas de coordinación. Es conveniente establecer mecanismos eficientes de coordinación entre las Administraciones Públicas y de articulación de las estrategias españolas con las de la Unión Europea. No obstante, la nueva Ley no elabora suficientemente la participación de las CCAA.
De acuerdo con la COSCE, la aproximación de políticas de investigación autonómicas, estatales y europeas permitiría elaborar estrategias a largo plazo sobre objetivos ambiciosos. Es decir, la claridad de objetivos y el consenso entre Administraciones deberían formar el motor estratégico de la nueva Ley. En este sentido, el Consejo de Política Científica y Tecnológica es un órgano necesario, pero no debería estar formado únicamente por representantes de la Administración del Estado y de las CCAA, como se apunta en el Anteproyecto. La participación de entidades científicas independientes introduciría una visión directa y experta de los problemas y reduciría el posible impacto de intereses políticos o económicos en el funcionamiento del Consejo.
En cuanto a las carencias identificadas en relación con los RRHH, cabe destacar que el Anteproyecto apenas menciona a la universidad de forma genérica, cuando el 60% de la investigación está en la universidad. La ley no aborda dos de los principales problemas de la universidad: el envejecimiento de las plantillas y la necesidad del reemplazo generacional; y la baja participación de los profesores, menos del 50%, en proyectos de investigación competitivos. No se contemplan mecanismos suficientes para que los centros de investigación mantengan políticas de investigación competitivas internacionalmente.
INFORME LECYT: Informe sobre el Anteproyecto de Ley de la Ciencia y la Tecnología
